Los dirigentes de autos indocumentados rompieron relaciones con el líder de los cocaleros tras darle “un rotundo no” a su propuesta. La reunión se hizo en reserva y se pidió no comentar de ella a los medios.
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Roberto Ríos, presidente nacional de los importadores de vehículos, se mostró indignado por la propuesta de legalización de autos indocumentados en 2025. “Tres diputados del MAS ya han intentado un nuevo perdonazo. Quieren nacionalizar autos chutos y con eso se van a devaluar los vehículos que tienen todos los papeles en regla”, indicó a este medio. Ríos informó que dan seguimiento al relacionamiento entre dirigentes del MAS y los de autos indocumentados. “Tenemos que hacer las denuncias lastimosamente de forma anónima porque este país no va a cambiar de otro modo”, expresó. Según el dirigente, la nacionalización de vehículos sin documentos devalúa hasta en 3.000 dólares los autos que ellos importan. El diputado Miguel Roca indicó a Pagina Siete: “Yo no le atribuiría a ningún dirigente la vocería de un sector informal. El señor Ferrufino representa justo lo que la población boliviana no quiere y quieren un perdonazo como en 2011 (cuando se aprobó la legalización de 100 mil vehículos en territorio nacional). Nosotros hemos propuesto revisar los pagos tributarios, no un perdonazo”. Roca aseguró que existe un cobro por afiliación a la Asociación de Autos Indocumentados y que por ello el pedido de Ferrufino, dirigente nacional, y sus representantes departamentales es de beneficiar sólo a los 200 mil afiliados. Según datos del Ejecutivo, cerca de 500 mil vehículos llamados chutos circulan en el país.
Luis Nina, representante de autos ilegales La Paz y provincias, aseguró que la Asociación de autos indocumentados tiene diferentes filtros para admitir a sus integrantes. “Sólo pueden tener un auto. Hemos adquirido esos vehículos en ferias con hojas de expedición revisadas por Diprove. En la organización está prohibido que ingresen dueños de vehículos robados”, explicó. Las medidas de presión, explica el representante, fueron pospuestas y no suspendidas. “Si no fuesen estos vehículos la producción nacional bajaría. Cuidado ataquen a su población, no queremos que el Gobierno se equivoque porque el pueblo se va a levantar; si cometen ese error estoy seguro de que los Yungas, Aroma y más municipios van a bloquear, están dispuestos”, advirtió. El sector argumenta que todos sus vehículos fueron comprados en ferias de autos y que ninguno de sus integrantes ha robado.
Fuente: Página Siete
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